Comunicado


Corrupción e impunidad base para espiar

24 de junio 2017

Hace una semana que el reportaje del The New York Times (NYT) y el informe Gobierno Espía, elaborado por Citizen Lab (Universidad de Toronto), Artículo 19, R3D y Social Tic, develó, con suficiente información y evidencia documental, que en México se espía a periodistas, personas defensoras de derechos humanos y activistas sociales que son voces críticas en la actual situación de corrupción e impunidad que vive el país.

La Plataforma contra la Impunidad y la Corrupción se solidariza y respalda el trabajo que realizan, de forma individual y en sus respectivas organizaciones, las personas que hasta ahora aparecen como víctimas de intrusión en sus comunicaciones privadas.
Una vez conocida esta información, las y los afectados presentaron una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR). Sin embargo, el presidente Peña Nieto desestimó los señalamientos, los tildó incluso de falsos y revirtió hacia las víctimas la carga de probar la afectación sufrida. Declaraciones de este tipo, son evidencia de que los gobernantes mantienen una política de responsabilizar a las víctimas de las violaciones de que son objeto. Al mismo tiempo pretenden ignorar que es estricta responsabilidad de las instituciones de procuración de justicia y administrativas esclarecer hechos como los denunciados y deslindar responsabilidades. En este caso la acusación recae directamente sobre el Ejecutivo y la única posibilidad existente es pedirle al mismo Ejecutivo que investigue.

Sin duda se requiere de una investigación penal, pero de acuerdo con las distintas implicaciones y la gravedad de las afectaciones que puede generar un acto pluriofensivo. Es el caso del espionaje ilegal, que contraviene normas penales, constitucionales y convencionales, cuando se efectúa sin control alguno y contrariamente a los fines legítimos que pudiera tener; por tanto la investigación debiera abordar esta conducta desde un enfoque que abarque no solo delitos relacionados con libertad de expresión, sino también responsabilidades penales y administrativas de servidores públicos así como mecanismos que garanticen la prohibición absoluta del uso indebido de herramientas de investigación criminal y el estricto apego de éstas a rigurosos controles constitucionales.
Limitar la respuesta estatal sólo a la persecución penal, bajo el enfoque de afectaciones a la libertad de expresión, significa ignorar otros aspectos igual de relevantes para el combate a la impunidad. Bajo esta perspectiva, será difícil garantizar la no repetición de estos hechos y ejercer controles efectivos sobre este tipo de actos, cuyas afectaciones aún no se han dimensionado.

Por ello, consideramos que el grupo de apoyo técnico anunciado el día de ayer por la PGR se inscribe en una lógica de investigación sumamente estrecha y podría tender al control político de daños, pero no al esclarecimiento de los hechos.

En las actuales circunstancias de violencia y criminalidad exacerbada, la inteligencia del Estado tendría que estar destinada a reunir información para profundizar en el conocimiento de las dinámicas de la delincuencia y de esa manera diseñar estrategias de seguridad novedosas y que apunten al éxito.

Sin embargo vemos que el uso de la inteligencia se pervierte y se endereza contra  periodistas, personas defensoras de derechos humanos y activistas sociales; probablemente para intimidarlos y hacerlos desistir de sus respectivos trabajos, lo cual contraviene diferentes obligaciones estatales y genera suspicacias respecto de los controles democráticos que debieran pesar sobre ciertas instancias.

La compra de software de espionaje y su uso malicioso es una evidencia de corrupción pues se emplean recursos públicos para propósitos ilegales y se erosiona aún más la poca credibilidad de las instituciones públicas. Corrupción alentada por la clara conciencia de que no habrá consecuencia alguna por estos delitos penales y administrativos.

Por tanto la Plataforma Contra la Impunidad y la Corrupción demanda de las autoridades las siguientes acciones:

  • Suscribimos la exigencia de establecer un panel de expertos independientes nombrados y auspiciados por organismos internacionales de derechos humanos, pues estamos ante la paradoja que el Ejecutivo (PGR) debe investigar al mismo Ejecutivo.
  • Establecer un mecanismo de seguimiento puntual y rendición de cuentas al Plan de investigación de la PGR para que efectivamente se agoten todas las líneas de investigación.
  • Que los órganos internos de control de la SEDENA, CISEN y la Visitaduría General de la PGR realicen las respectivas investigaciones internas para determinar qué funcionarios, e incluso particulares, tuvieron acceso al uso de cualquier programa de espionaje y el uso realizado del mismo.
  • Se transparenten los contratos respectivos, para determinar su apego al marco jurídico y poder conocer las personas que pudieron tener acceso a esta información.
  • Al Congreso que inicie un proceso de cambios al marco jurídico para asegurar transparencia y rendición de cuentas respecto de la compra de cualquier tipo de tecnología de intervención de comunicaciones, así como el establecimiento de controles que eviten el uso indebido como en este caso
  • Hacemos un llamado al Instituto Nacional  de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) para que garantice el acceso a la información de la adquisición y uso de esta tecnología intrusiva, evitando la secrecía bajo un abusivo uso del concepto de seguridad nacional.

Plataforma Contra La Impunidad Y La Corrupcion

  • Alarbo AC
  • Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C. (CADHAC), Monterrey, Nuevo León
  • Católicas por el Derecho a Decidir
  • Causa en Común A.C
  • Centro de Derechos Humanos de la Montaña "Tlachinollan", Tlapa, Guerrero
  • Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, León, Guanajuato (CDHVD)
  • Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, A.C (CASEDE)
  • Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH)
  • Comunicación e Información de la Mujer AC (CIMAC)
  • Dirección de Programas de Incidencia de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México
  • Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de Larios A.C, Saltillo, Coahuila.
  • Idheas Litigio Estratégico en Derechos Humanos A.C
  • Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB)
  • Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C
  • Justicia Pro Persona A.C
  • Justicia, Derechos Humanos y Género A.C
  • México Unido Contra la Delincuencia A.C (MUCD)
  • Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A. C (ProDESC)
  • Renacer Lagunero A.C, Torreón, Coahuila
  • Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF)
  • Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
  • Plataforma Internacional contra la Impunidad (Guatemala)
  • Abel Barrera, Defensor de derechos humanos
  • Alberto Olvera, Investigador de la Universidad Veracruzana
  • Alejandro Anaya, Investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)
  • Aleida Calleja, Experta en libertad de expresión
  • Ana Yeli Pérez Garrido, Defensora de derechos humanos de las mujeres
  • Ángeles López, Defensora de derechos humanos
  • Aram Barra, Experto en derechos humanos
  • Armando Rodríguez, Experto en temas de seguridad
  • Carolina Pimentel, Defensora de derechos humanos
  • Carlos Peralta, Investigador del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), Guadalajara, Jalisco
  • Christiane Coste, Experta en protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos
  • Daniel Gershenson, Defensor de derechos humanos.
  • Daniela Pastrana, Periodista
  • Denise González, Coordinadora del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana
  • Eliana García, Defensora de derechos humanos
  • Elisa Gómez, Promotora de diálogo político
  • Eloísa Acosta, Defensora de derechos humanos
  • Ernesto López Portillo, Consultor internacional en seguridad ciudadana
  • Edgar Cortez, Defensor de derechos humanos
  • Fabián Sánchez, Defensor de derechos humanos
  • Guillermo Trejo, Investigador de la Universidad de Notre Dame, Indiana, EUA
  • Ina Zoon, Experta internacional en derechos humanos, Open Society Foundations Justice Initiative
  • Jacobo Dayán, Experto en Memoria y Verdad
  • Jaime García Chávez, Coordinador Unión Ciudadana de Chihuahua
  • Jesús Ibarra, Director de la Maestría de Derechos Humanos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO)
  • Jorge Fernández Souza, Magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo CDMX
  • José Antonio Caballero, Investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)
  • Jorge Javier Romero, Profesor-investigador Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco
  • José Luis Caballero, Académico - investigador de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México
  • Jorge Verástegui, Defensor de derechos humanos
  • Juan Carlos Arjona, Tutor de la Maestría de Derechos Humanos y Democracia de la Facultad Latinoamerica de Ciencias Sociales (FLACSO México)
  • Juan Carlos Gutiérrez, Defensor de derechos humanos
  • Julián Mejía Berdeja, Activista social
  • Layda Negrete, Especialista en temas de justicia
  • Lucia Lagunes, Periodista
  • Luis Daniel Vázquez, Profesor investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y de FLACSO-México
  • Luis González Placencia, Defensor de derechos humanos y académico de la Universidad Autónoma de Tlaxcala
  • Maite Azuela, Defensora de derechos humanos
  • Mara Hernández Estrada, Investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)
  • María de la Luz Estrada, Defensora de derechos humanos de las mujeres
  • María Elena Morera, Especialista en seguridad pública
  • María Teresa Juárez, Periodista
  • Marcela González Duarte, Académica de la Facultad de Derecho Universidad Autónoma del Estado de Morelos
  • Marcela Turati, Periodista
  • Mariclaire Acosta, Defensora de derechos humanos
  • Michael Chamberlin, Defensor de derechos humanos
  • Pablo Girault, Empresario
  • Paulina Vega, Defensora de derechos humanos
  • Pablo Reyna Esteves, Director de Programas de Incidencia de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México
  • Roberto Hernández, Abogados con Cámara
  • Rocío Culebro, Defensora de derechos humanos
  • Rubén Aguilar, Académico Universidad Iberoamericana, Ciudad de México
  • Sandra Ley, Profesora-investigadora Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)
  • Ximena Andión, Directora del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir

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